Así se manifestó en su cuenta de facebook el poeta de la salsa Ruben Blades por los acontecimientos en los últimos días en Panamá.
Lo que hasta ahora parecía imposible en nuestro país, ha sucedido. Un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá es imputado, investigado, admite haber cometido los ilícitos, es llevado a juicio y recibe una condena de 60 meses en cárcel. Definitivamente, es algo inédito en nuestra historia patria.
Por lo pronto, y antes de que comiencen las apelaciones y los efectos que este fallo seguramente producirá, debemos agradecer a los responsables por este resultado, un esperanzador primer paso hacia el adecentamiento de nuestro sistema judicial. A los medios nacionales, que publicaron las denuncias, cubrieron y custodiaron todo el proceso, reportando incansablemente los detalles del tema, al Fiscal González y a las juezas de garantía que cumplieron su responsabilidad y rindieron su veredicto de manera objetiva, gracias.
Hace poco escribí un artículo de opinión relacionado al tema y debo ahora compararlo con lo que ayer fue decidido. Que el caso no haya sido llevado a un juicio público aun me decepciona. De eso dependía la exhibición pública del grado de corrupción que existe en nuestro sistema judicial, en el sector privado y en el sector público. El arreglo alcanzado produce la condena de una figura otrora relevante en nuestro Órgano Judicial, pero quizás termine protegiendo a terceros, los corruptores. Más aún, queda ahora la incógnita de si los casos de conocimiento del magistrado hoy convicto serán re-examinados y hasta desvirtuados, por la posibilidad de que algunos de esos fallos hayan constituido la base del enriquecimiento ilícito, algo que todavía se ignora. El vaso, desde esta perspectiva, sigue medio vacío.
Tengo varios comentarios que hacer referentes al desenlace, y necesito comparar el resultado con el artículo de opinión que escribí hace unos días. La condena de sesenta meses no fue inesperada. Era el máximo posible, dentro de los parámetros que la propia ley indica como apropiados, en las instancias de arreglo extra-judicial. Pero debo reconocer que no esperaba que se desestimase la solicitud del abogado por la defensa, de que se le diese casa por cárcel al condenado Moncada Luna. El tribunal, en cambio, decidió enviarlo a cumplir su sentencia a un centro penal, como le ocurre a cualquier hijo del vecino, cosa que me sorprendió por lo correcta. Veremos si eso se sostiene. Si cumplir sentencia en una cárcel, a pesar de la edad y de problemas de salud, es lo correcto para el ex-dictador Noriega, entonces debería serlo también en el caso del ex-magistrado Moncada.
La segunda sorpresa para mi fue la negativa de las jueces en atender la solicitud de liberación de las cuentas bancarias que se habían incluido dentro del proceso, por la posibilidad de su vinculación con el reo o con el caso. Las juezas no concedieron la petición y en lugar de ello han remitido el asunto al Ministerio Público y ahora corresponde a la Procuraduría General de la Nación la responsabilidad de investigarlas y aclarar su origen y propósito. Sobre ambos puntos tuve mis dudas y me alegro de que se hayan disipado un tanto con el fallo. Falta aun ver que ocurrirá ahora con los otros actores, investigando lo que por ley escapaba a las facultades, tanto del Fiscal González como de los jueces del proceso.
Sin embargo, el punto central de mi artículo aún queda pendiente. Solo se ha resuelto la mitad del asunto. El ahora prisionero no reveló quienes fueron sus cómplices, en que consistió el enriquecimiento ilícito, ni qué fue lo que tuvo que hacer para obtener los ingresos injustificados. Algunos abogados me indicaron que las pesquisas para aclarar esas preguntas pertenecen a otra jurisdicción, bajo otras condiciones procesales. Mi argumento, empero, es que sigo sin entender cómo es posible que se llegue a un acuerdo extra-judicial con un imputado que rehúsa revelar los puntos que antes he citado. Es decir, admite el crimen, pero sin entregar los detalles del mismo. ¿Quedan ahora viciados los casos que conoció Moncada Luna como Magistrado de la Corte?
Esa situación me deja la sensación de que aún no se ha cerrado el círculo de la justicia en este caso. Falta mucho por entender de la madeja tejida alrededor del ilícito, y me parece que ese vacío de información hará la investigación del Ministerio Público mas difícil y problemática. Ojalá y no impida la efectiva y pronta identificación de las personas y responsabilidades correspondientes. Queda claro que debemos corregir los espacios que, dentro del Código Penal Procesal, se convierten en agujeros utilizados por los imputados para esconderse. Por ejemplo, reformar lo requerido para cualquier arreglo extrajudicial, como lo expone el actual 220 del Código Penal, agregando al acápite 2 -taxativamente- que cualquier imputado que pretenda un acuerdo tendrá la obligación de identificar a sus cómplices. Hoy eso no se exige, a menos que el acusado «forme parte de una banda, grupo, u organización criminal». Como el ex magistrado no fue percibido, ni acusado como miembro de una banda, grupo, u organización dedicada al crimen, entonces imagino que no se consideró necesario conminarlo a denunciar a sus cómplices y/o corruptor(es) como pre-condición al arreglo, tal como actualmente el punto 2 del 220 parece exigir, en mi interpretación. Imaginemos cuál hubiese sido el impacto nacional de su aceptación del delito, si hoy hubiésemos despertado además con los nombres de los que contribuyeron a su enriquecimiento ilícito.
Ahora corresponde tanto a la Procuradora como al Contralor continuar esta arremetida contra la corrupción oficial, actuando estrictamente en Derecho y de manera objetiva. Nuestro deber es el de continuar brindando el apoyo necesario para que sus diligencias e investigaciones se puedan desempeñar con éxito. El país debe cooperar con el Ministerio Público y continuar vigilante, para evitar futuras sorpresas, o evasiones al proceso.
Por ahora, me uno a los paisanos que consideran que el vaso está medio lleno, entendiendo que aún nos falta por asegurar, y esto no va a ser fácil de producir, que la investigación presente y futura de casos de corrupción en Panamá llegue a todos los estratos nacionales, incluyendo a los que componen nuestra organización administrativa y sin distinción de partidos políticos, o personas. Que la justicia, para manifestarse públicamente, no dependa de los errores, o de la vanidad, estupidez o soberbia, de algunos funcionarios venales, ni que se limite la investigación a los que hoy, por no formar parte del gobierno de turno, resultan identificables y susceptibles de ser encausados por carecer de protección oficial.
Que no exista impunidad para los que traicionan a nuestro país, es un deseo popular que requiere de mucho por hacer. Pero no se puede negar lo especial que este momento representa para nuestra historia procesal.
Amaneció y hemos visto algo único y esperanzador. Que no se detenga el proceso, es lo que exigimos todos.
Esta oportunidad no debe ser desperdiciada.
Rubén Blades
6 de Marzo, 2015
rubenblades.com
@rubenblades
